Hasta los colombianos que no cotizan para su propia pensión ponen plata para pagar las jubilaciones privilegiadas.
Mesadas que promedian los 17 millones de pesos, y que reciben unas 2.400 personas jubiladas privilegiadas, tienen temblando al Ministerio de Hacienda y a varias de las 15 administradoras de pensiones que existen en el país.
Congresistas, altos funcionarios de la rama judicial y militares son los dueños del privilegio. Sólo en la Rama, según ha dicho el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, las reliquidaciones significarían un hueco de entre 7,5 y 20 billones de pesos.
En el caso de los congresistas, de acuerdo con estadísticas del Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecón), del universo de 2.250 pensionados, 870 fueron parlamentarios y 300 ocuparon cargos como funcionarios de alto nivel.
“Las mesadas generosas, es decir, por encima de 10 salarios mínimos, son el 60 por ciento del total”, indica Francisco Ramírez, gerente del Fondo.
En Fonprecón, precisamente, se paga una de las pensiones más altas del país, de 29’316.086 pesos, y la recibe mensualmente un colombiano que ni siquiera fue congresista, sino secretario de comisión.
“Cuando se liquidó, se hizo con todos los factores habidos y por haber, es decir, sueldos, viáticos, entre otras. A todas luces, está mal liquidada”, advierte Ramírez.
La pensión de casi 30 millones de pesos, con la que se podrían pagar cerca de 60 empleados remunerados con el salario mínimo, es una de las 400 demandadas en ese fondo, que es uno de los más pequeños en el país.
Por el lado de la Rama Judicial, la situación es aún más ostentosa.
“Este sistema pensional se está creando a punta de sentencias: pese a que, por mandato constitucional se acabaron los regímenes de transición, los funcionarios de la Rama decidieron crearse una transición propia (se pensionan con el último sueldo, independientemente de lo que hayan cotizado)”, anota Sergio Pombo, ex asesor del Ministerio de la Protección Social.
El especialista en pensiones realizó el cálculo que ilustra que la plata aportada no alcanza para cubrir esas mesadas.
“Partimos del supuesto de que un magistrado empieza a cotizar a los 35 años, se pensiona a los 55. Cotiza el 11,5 por ciento (para el factor pensión). A los 55 años tienen 731.146.966 pesos (contando con tasa de capitalización de 5 por ciento y tasa de renta de 4 por ciento). Esto alcanza para una pensión de 2.939.146 pesos mensuales. Si la pensión fuera de 13.000.000 de pesos, el capital necesario sería de 3.233'902.656, es decir 4,42 veces lo que cotizó”.
En el caso de los congresistas, indica Francisco Ramírez, “ellos cotizan solo el 25,5 por ciento de lo que reciben”.
Adicionalmente, agrega el gerente de Fonprecón, está el tema de la sustitución, sobre la cual urge una regulación.
“La sustitución es una figura válida, porque no se puede dejar desprotegida a la gente, pero hay que restarle el porcentaje que ya no va a consumir el causante. Si el titular deja una pensión de 100, que la señora reciba una de 70”.
La situación de las pensiones onerosas hasta ahora es imparable, porque como ha dicho el procurador Alejandro Ordóñez, está dentro de lo legal. Así lo explica Sergio Pombo. “No existe una ley que establezca un régimen de jubilación para la Rama Judicial, solo un decreto que señala que se les aplicará lo mismo que a un congresista”.
Aunque a los parlamentarios les han ido limitando y acabando su propio régimen especial, a la luz de esa igualdad, la situación se convierte en una bola de nieve que aún no ha acabado de bajar.
“Si aplica para la Rama, entrarían todas las ‘ías’. De rebote, cuando acaben allá, se le va a aplicar al Congreso”.
Los platos rotos los reponen todos los colombianos, inclusive, aquellos que están en la lista de las 15 millones de personas que trabajan en la informalidad y ni siquiera están cotizando para su propia pensión.
“El costo anual de pago de pensiones por parte del Estado es de 26 billones de pesos y está subiendo. ¿De dónde sale? Es plata fresca de la Nación, sin contar las cotizaciones, y es equivalente a lo que se recaudó en el país por IVA interno en el 2010, es decir, hasta los 15 millones de trabajadores informales, que ni siquiera cotizan para su propia pensión, aportan allí porque consumen y pagan IVA. ¿Por qué su plata se va en pagar pensión de otros y ellos no tienen derecho a nada”.
Lo cierto es que las cuentas para pensionar a los privilegiados están mal hechas. No se puede echar reversa en materia de leyes y la tendencia es que las pensiones onerosas obtenidas vía sentencias, se sigan extendiendo a más beneficiarios.
La salida, para Eduardo Sarmiento, director del Centro de Estudios Económicos de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, es gravarlas.
“El promedio de la gente que está en la seguridad social recibe pensiones de 1,8 salarios mínimos (964.080 pesos) y hay millones de personas que ni siquiera están. En cambio hay otros con pensiones de 25 salarios mínimos (13.390.000 pesos) que, en muchos casos, las obtuvieron con jugarretas. Lo que propongo es establecer un nivel por encima del cual se establezca un impuesto a los ingresos por pensiones”.
El explosivo crecimiento de la plata que debe el Estado a los colombianos por las cotizaciones recibidas para pensiones, es decir, el llamado pasivo pensional, no se ha podido frenar en el país. La cifra actual es descomunal. Se calcula en 195 puntos del Producto Interno Bruto.
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