Tomado de Portafolio.co (Christian Pardo Q.)
Los empresarios colombianos deberán informar sobre las estructuras de producción. Las autoridades del vecino país fijarán precios y ganancias.
En medio de la incertidumbre por la prórroga de las preferencias arancelarias de Venezuela, que vencen el 22 de octubre, los empresarios colombianos enfrentarán por la misma época la entrada en vigor de la polémica Ley de Costos y Precios en el vecino país.
La norma le permitirá al gobierno de Hugo Chávez tener acceso a la información concerniente a la producción, distribución y comercialización de los bienes nacionales e importados considerados de primera necesidad, con la finalidad de fijar precios y ganancias.
“Por primera vez no sólo le otorga la posibilidad al Gobierno venezolano de controlar los precios, que ya la tenía a través de otras disposiciones, sino que ahora le da las facultades para revisar la estructura de costos” explicó el abogado venezolano Ramón Azpúrua Núñez, durante el seminario ‘Perspectivas del nuevo relacionamiento entre los dos países”, organizado por la Cámara Colombo Venezolana.
Para Azpúrua, la nueva ley es “bastante agresiva para los empresarios de ambas naciones”, pues serán sancionados quienes no se inscriban o lo realicen fuera de los plazos, si no informan las modificaciones de estructuras de costos y obstaculicen la actuación de los funcionarios.
Las multas serán entre 15 y 30 salarios mínimos, más el 100 por ciento del monto total de productos comercializados o servicios prestados.
También tendrán sanción si aumentan el precio de un bien sin previa autorización.
Cuando sea multado en más de dos ocasiones, se procederá a la ocupación temporal del comercio.
Estas disposiciones estarán bajo la dirección de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que se creará en octubre.
Kathy Rodríguez, del departamento de comercio exterior de Permoda, coincide con Azpúrua en el impacto que tendrá la norma sobre los exportadores colombianos. “Tenemos apenas un mes para hacer inscripción de precios y avisarle a nuestro cliente.
Y va a ser complicado, sobre todo porque manejamos marca y estilo; parametrizar eso entre precios no es fácil”, dijo. Otro asistente al evento, que prefirió mantener en secreto su nombre, dijo que “con los precios igualados desaparecerán las ofertas y aumentará la escasez” en un país que tiene desde hace seis años la inflación más alta de América Latina.
Y aún más alta en rubros como alimentos, pese a que están regulados los valores de la cesta básica y rige un control cambiario.
El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, ha dicho que solo se regularán bienes y servicios considerados esenciales.
Sin embargo, Azpúrua dice que los únicos servicios que se excluirán serán los de los bancos o entidades financieras regidas por la Superintendencia Bancaria.
BUSCAN MÁS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL COMERCIO BINACIONAL
En momentos en que las restricciones se mantienen, el sector privado plantea
nuevas soluciones.
Para Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, persisten las trabas no arancelarias, aún cuando Venezuela ha ordenado públicamente su desmonte.
“Varias empresas colombianas manifiestan que hay discriminación hacia las importaciones originarias de Colombia en el otorgamiento de permisos técnicos, en la asignación de divisas preferenciales y en la retención en la frontera ”. Pardo dice que todo ello ha confluido para que en el primer semestre de 2011 las ventas sigan contrayéndose.
En esta nueva etapa de la relación bilateral, la Cámara asegura que es preciso adoptar nuevos mecanismos para las relaciones comerciales.
“Ello exige que el Gobierno colombiano tenga mayor protagonismo como promotor y facilitador.
Proponemos que el presidente Santos, en su próximo encuentro, haga acuerdos de complementación con la Misión Vivienda, la Misión Agropecuaria y que haya una rueda de negocios con empresarios de ambos países, en donde estén la Productora y Distribuidora de Alimentos y la red de Mercados de Alimentos, entre otros”, propone.
Christian Pardo Q.
Los empresarios colombianos deberán informar sobre las estructuras de producción. Las autoridades del vecino país fijarán precios y ganancias.
En medio de la incertidumbre por la prórroga de las preferencias arancelarias de Venezuela, que vencen el 22 de octubre, los empresarios colombianos enfrentarán por la misma época la entrada en vigor de la polémica Ley de Costos y Precios en el vecino país.
La norma le permitirá al gobierno de Hugo Chávez tener acceso a la información concerniente a la producción, distribución y comercialización de los bienes nacionales e importados considerados de primera necesidad, con la finalidad de fijar precios y ganancias.
“Por primera vez no sólo le otorga la posibilidad al Gobierno venezolano de controlar los precios, que ya la tenía a través de otras disposiciones, sino que ahora le da las facultades para revisar la estructura de costos” explicó el abogado venezolano Ramón Azpúrua Núñez, durante el seminario ‘Perspectivas del nuevo relacionamiento entre los dos países”, organizado por la Cámara Colombo Venezolana.
Para Azpúrua, la nueva ley es “bastante agresiva para los empresarios de ambas naciones”, pues serán sancionados quienes no se inscriban o lo realicen fuera de los plazos, si no informan las modificaciones de estructuras de costos y obstaculicen la actuación de los funcionarios.
Las multas serán entre 15 y 30 salarios mínimos, más el 100 por ciento del monto total de productos comercializados o servicios prestados.
También tendrán sanción si aumentan el precio de un bien sin previa autorización.
Cuando sea multado en más de dos ocasiones, se procederá a la ocupación temporal del comercio.
Estas disposiciones estarán bajo la dirección de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, que se creará en octubre.
Kathy Rodríguez, del departamento de comercio exterior de Permoda, coincide con Azpúrua en el impacto que tendrá la norma sobre los exportadores colombianos. “Tenemos apenas un mes para hacer inscripción de precios y avisarle a nuestro cliente.
Y va a ser complicado, sobre todo porque manejamos marca y estilo; parametrizar eso entre precios no es fácil”, dijo. Otro asistente al evento, que prefirió mantener en secreto su nombre, dijo que “con los precios igualados desaparecerán las ofertas y aumentará la escasez” en un país que tiene desde hace seis años la inflación más alta de América Latina.
Y aún más alta en rubros como alimentos, pese a que están regulados los valores de la cesta básica y rige un control cambiario.
El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, ha dicho que solo se regularán bienes y servicios considerados esenciales.
Sin embargo, Azpúrua dice que los únicos servicios que se excluirán serán los de los bancos o entidades financieras regidas por la Superintendencia Bancaria.
BUSCAN MÁS ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL COMERCIO BINACIONAL
En momentos en que las restricciones se mantienen, el sector privado plantea
nuevas soluciones.
Para Magdalena Pardo, presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, persisten las trabas no arancelarias, aún cuando Venezuela ha ordenado públicamente su desmonte.
“Varias empresas colombianas manifiestan que hay discriminación hacia las importaciones originarias de Colombia en el otorgamiento de permisos técnicos, en la asignación de divisas preferenciales y en la retención en la frontera ”. Pardo dice que todo ello ha confluido para que en el primer semestre de 2011 las ventas sigan contrayéndose.
En esta nueva etapa de la relación bilateral, la Cámara asegura que es preciso adoptar nuevos mecanismos para las relaciones comerciales.
“Ello exige que el Gobierno colombiano tenga mayor protagonismo como promotor y facilitador.
Proponemos que el presidente Santos, en su próximo encuentro, haga acuerdos de complementación con la Misión Vivienda, la Misión Agropecuaria y que haya una rueda de negocios con empresarios de ambos países, en donde estén la Productora y Distribuidora de Alimentos y la red de Mercados de Alimentos, entre otros”, propone.
Christian Pardo Q.
