Hoy se vence el periodo del estado de Emergencia Social declarado el 27 de julio por el entonces gobierno de Álvaro Uribe. En este tiempo el Estado tenía la facultad de expedir decretos que apuntaran al mejoramiento de la dinámica comercial en zona de frontera.
La medida cobijó a 37 municipios limítrofes con Venezuela y aplicó la exención del IVA durante 120 días (4 meses), en el decreto 2694 del 27 de julio de 2010.
A la fecha, los resultados no fueron los esperados para los comerciantes de la ciudad.
Si bien algunas empresas lograron bajar el inventario, el comercio vio afectado su flujo de caja, en principio, según los propietarios, por las imprecisiones con las que se redactó la exención del beneficio tributario en medio de la emergencia.
La eliminación del gravamen en los alimentos procesados, vestuario, calzado, textil y electrodoméstico no tuvo el impacto que los empresarios de estos sectores esperaban.
La Dian todavía no puede determinar en cifras el efecto de la medida en el comercio de la ciudad, debido a que el pago del IVA se cumple de forma bimestral, pero no hay que remitirse a los reportes para reconocer que el panorama en los almacenes del centro no es el mejor.
Ricardo León Moreno Lizarazo, propietario de un almacén de calzado, tuvo que despedir a dos de sus cuatro empleados y contratar a uno de medio tiempo en este mes.
Sus ventas descendieron notablemente entre junio y julio, pero en agosto las pérdidas sobrepasaron la capacidad de recuperación financiera.
“Después de la eliminación del IVA no aumentaron las ventas, ni siquiera la visita de clientes, sin embargo, el nuevo decreto que exige a los proveedores eliminar los impuestos, nos va a favorecer a largo plazo”.
Demetrio Montes, dueño de Supermercados Los Montes, también ha visto una disminución en los ingresos de las cajas registradoras de su establecimiento.
Al revisar los reportes de ventas de julio y agosto encontró, que hasta la fecha, el comportamiento ha sido negativo. Disminuyéndose en un cinco por ciento, con respecto al mes anterior.
En este mes, los proveedores amenazaron en cancelarle los pedidos por el temor a pérdidas económicas. Hecho generado por la falta de claridad, apunta el empresario.
“Nos tomamos un mes interpretando la norma y su modificación, al parecer, nos va a tomar otro”.
En el centro comercial Ventura Plaza, el comportamiento fue diferente. Allí algunos administradores reportaron incrementos en casi un 30 por ciento con el pasado
mes.
Esta conclusión la respalda la gerente del Ventura Plaza, Ana María Abello. “Gran parte del flujo de clientes y el aumento en ventas, se puede atribuir a las
nuevas medidas implementadas por el Gobierno Nacional”.
En cuanto al decreto 3148 del 23 de agosto de 2010, en el que obliga a los proveedores a eliminar el IVA a los comerciantes de los municipios amparados por la norma, aseguró que “en aproximadamente una semana, los empresarios podrán ver las ganancias, cuando empiecen a programar los próximos pedidos.
El presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, la Pequeña y la Mediana Empresa en Norte de Santander (Acopi), Jairo Hernando Pulecio Franco, apuntó que a pesar de las buenas intenciones del gobierno frente a la crisis económica de la frontera, no actuó de la forma adecuada, tomando medidas a la carrera y provocando inconvenientes en la aplicación de las norma.
“Hay que tener en cuenta que Cúcuta va seguir siendo una ciudad netamente comercial hasta que no se mejore la infraestructura vial que nos conecta con el centro y norte del país”.
Los afiliados esperan el regreso de los clientes venezolanos, que representaban gran parte de su mercado. Según el directivo hasta ahora los empresarios no se han recuperado de la disminución de las ventas debido a que se vive un proceso de adaptación a las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela.
Los gobiernos departamentales y locales reaccionaron ante el Gobierno Nacional y le solicitaron un mes más para plantear otras posibilidades al departamento.
Ayer, el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado en una rueda de prensa argumentó que la petición que envió, junto con alcaldes y gremios del departamento, se efectuó debido al gran número de indicadores de la región que no se habían tenido en cuenta dentro de los decretos de la Emergencia Social.
La Opinión.com
