21 jul. 2010

Buscan meter en cintura desborde de las finanzas públicas



El Gobierno entrante y saliente radicó en la Cámara de Representantes la iniciativa que busca establecer una fuerte disciplina fiscal de las finanzas estatales. El proyecto presentado persigue conseguir en materia fiscal lo que se ha obtenido en el campo del control de la inflación.




El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, acompañado por el designado Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Esteban Piedrahita, radicaron el martes la iniciativa como lo habían anunciado.

Es el Acto Legislativo "Por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho".
Consta de 4 artículos y tiene como propósito incorporar a la Constitución Política el derecho a la "sostenibilidad fiscal", como requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, dice el comunicado de prensa del ministerio de Hacienda.
"La sostenibilidad fiscal es importante para el progreso económico y social de un país en la medida en que, el Gobierno busque que ante una determinada y limitada capacidad para recaudar ingresos y para acceder a recursos de financiamiento, la política de gasto público pueda mantenerse o sostenerse en el tiempo, de manera que en el mediano y en el largo plazo se logren importantes objetivos públicos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad y la equidad intergeneracional, y en un entorno de crecimiento económico estable. En otras palabras, el Gobierno protege la sostenibilidad fiscal cuando la senda de gasto que adopta en el presente no socava su capacidad para seguir gastando en la promoción de los derechos sociales y en los demás objetivos del Estado en el mediano plazo", señala la Exposición de Motivos del Acto Legislativo radicado.
Agrega que alcanzar y garantizar la sostenibilidad fiscal no es fácil, y por eso requiere no solo de un compromiso y disciplina del sector público sino también del entendimiento y apoyo de la sociedad. De no garantizarse la sostenibilidad fiscal y su coherencia con el resto de la política macroeconómica, el riesgo de desequilibrios macroeconómicos se eleva y su ajuste puede llevar significativos costos económicos y sociales para las generaciones actuales y futuras.
Un desajuste fiscal podría registrar aumentos drásticos en las tasas de interés; un crecimiento insostenible del gasto público que puede llevar a ajustes macroeconómicos indeseables a través de incrementos en la inflación o movimientos bruscos en la tasa de cambio; aumentos en los niveles de la deuda pública (interna y externa) como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); más impuestos para pagar el servicio de una mayor deuda; menor inversión y menor ahorro, explicó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.


El exceso de deuda pública resultante de sendas insostenibles de gasto público aumenta los intereses financieros, y desvía recursos escasos de su función social y económica. Por esto es fundamental tener un nivel "óptimo" de deuda y al mismo tiempo dirigir la política fiscal en una senda de disciplina y manejo responsable, como es el espíritu de la Regla Fiscal que ha venido socializando el Gobierno Nacional, precisa el informe de prensa.



Reitera el informe del Gobierno que la insostenibilidad fiscal crea presiones en los mercados internos y externos que conduce a crisis cambiarias, y a pérdidas de ingreso y riqueza de las familias, en especial las más pobres, que carecen de mecanismos económicos para defenderse de tales crisis.



Las autoridades económicas deben estar comprometidas con el logro de los objetivos de política económica, inflación baja y estable y sostenibilidad fiscal, que permita la efectividad de las políticas de estabilización macroeconómica, al lograr minimizar las fluctuaciones del ciclo económico.
Con la aprobación, de este proyecto de Acto legislativo, por parte del Congreso de la República, se sentarán entonces las bases hacia la disciplina fiscal y la sostenibilidad fiscal, prerrequisito indispensable para mantener un ambiente de prosperidad, reitera el informe de prensa del ministerio de Hacienda.
El ministro designado de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, indicó que "es un mensaje de un nuevo consenso como se hizo con inflación cuando estaba en el 20%-25% y se la bajó al menos del 10% y hoy está en 2%. El mismo enfoque, entiendo, es lo que se va a hacer en el tema fiscal. Ir de un déficit de alrededor del 4% actualmente a equilibrio fiscal en 2014. Ese es el propósito del Gobierno del Presidente electo Juan Manuel Santos, y yo como ministro designado de Hacienda, acojo esta propuesta de regla fiscal, obviamente esto tendrá un trámite en el Congreso y tendrá la discusión, las modificaciones y las mejoras. Pero es una excelente iniciativa que nosotros acogemos calurosamente".
Dijo que el gran dividendo de una regla fiscal es bajar los costos de tener crédito en la economía y que haya mucha más disponibilidad de recursos para que las familias y las empresas hagan emprendimientos productivos y generen empleos.
Reiteró que "aquí estamos adoptando el mejor diseño institucional que hay en el mundo", en materia de control fiscal.
Los cuatro artículos
La primera parte modifica el artículo 334 de la Constitución Política al incluir el concepto de sostenibilidad fiscal y considerarlo como un derecho de todos, puesto que es necesario para que cada persona, pueda beneficiarse en forma efectiva del Estado Social de Derecho.
"Siendo coherente con lo dispuesto en la Constitución, el artículo propuesto manda a las diferentes ramas y órganos del poder público a colaborar armónicamente para el cumplimiento del nuevo postulado constitucional, así como le impone al Congreso de la República el deber de velar por el cumplimiento de este derecho al momento de legislar sobre el alcance y contenido de los Derechos Económicos y Sociales, de forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el propósito de brindarles, en su conjunto, una garantía de progresividad", señala la Exposición de Motivos, según el informe de prensa.
Los artículos segundo y tercero ajustan las normas constitucionales sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Anual y la Ley de Apropiaciones en el sentido de determinar que los mismos deberán darse dentro de un marco que asegure la sostenibilidad fiscal.
Al consagrar que la sostenibilidad fiscal no sólo como un deber del Estado, sino también un derecho de todos, se espera que este precepto constitucional contribuya a crear conciencia ciudadana, a sentar las bases para que el Legislador adopte en los planes de desarrollo y en las normas presupuestales las reglas que estime pertinentes con el fin de proteger, desde el frente fiscal, la sostenibilidad fiscal de la Nación y a definir los responsables del cumplimiento de dichas reglas.
Crecimiento del PIB por encima del 4%
El Presidente Uribe se mostró confiado en que el PIB (producto interno bruto) podría crecer este año por encima del 4%. "La situación fiscal es difícil pero el contexto es bueno. No hubo comportamiento negativo en la crisis, se ha anticipado la recuperación de la economía, que este año da señales de crecer por encima del 4 por ciento", dijo el Madatario de los colombianos durante su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República.
El mismo ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga dejó abierta la psibilidad, sin admitirlo abiertamente, que podría presentarse una nueva revisión de la expansión de la economía para este año. De un 2,5% fue revisada al alza hasta llevarla a 3,0% y los recientes indicadores del comportamiento de la industria, el comercio, la construcción y la inversión permiten pensar que el Gobierno podría establecer una nueva meta de crecimiento de 3,5%.
Los analistas consideran que sería un buen piso, pero admiten que de continuar el dinamismo que han presentado las principales variables de la economía, el PIB podría expandirse muy por encima del 4% como lo anunció el mismo Jefe de Estado.


Tomado El Espectador.com

Temor por posible relevo en la Presidencia de Ecopetrol; decisión está en la agenda del Minminas


La continuidad de Javier Gutiérrez Pemberthy en la presidencia de Ecopetrol es un asunto que figura en la agenda del ministro designado de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, y aunque el titular de esa cartera sostiene que no hay decisiones tomadas al respecto, el tema ya inquieta a ex ministros y analistas, pues está en juego la dirección de la 'joya de la corona' de los colombianos.Hay consenso entre los expertos acerca de la conveniencia de mantener la estabilidad en la administración de la petrolera.


"Es una apuesta riesgosa y una decisión que no se ha tomado", dijo Rodado Noriega a PORTAFOLIO al ser preguntado acerca de cambios que el Gobierno estaría estudiando en lo que concierne a la presidencia de Ecopetrol. El Ministro designado agregó que apenas ayer regresó a Colombia para empezar hoy mismo reuniones relacionadas con los asuntos de la cartera de Minas y Energía. "Por ahora, con el ministro Hernán Martínez nos hemos comunicado vía e-mail, me ha mandado algunos documentos, pero mis primeras reuniones empiezan este 21 de julio", sostuvo.
Gutiérrez Pemberthy está en la presidencia de Ecopetrol desde enero del 2007, luego de liderar los negocios de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), y, en particular, el proyecto de capitalización que adelantó esta empresa. Su nombramiento obedeció al criterio de la junta directiva de Ecopetrol, que tuvo en cuenta su gestión en ISA.
Para el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, los pasos dados en la alta gerencia de la petrolera deben continuar por la senda del gobierno corporativo, una figura que le ha permitido a la compañía avanzar con éxito en sus negocios, pues entre otras razones, tiene la garantía de contar con independencia presupuestal, financiera y administrativa. "El primer criterio que debe primar es el de la junta directiva", afirma Hommes al responder acerca de las razones que se deben tener en cuenta al momento de estudiar la posibilidad de un relevo en la presidencia de Ecopetrol.
"La empresa ya tiene una inversión privada, habrá que respetar esa parte. No puede darse un nombramiento político y si ha hecho bien las cosas como parece que ha sucedido, pienso que deberían dejarlo", agrega Hommes refiriéndose a Gutiérrez Pemberthy. Cabe mencionar que, de conformidad con los estatutos sociales de Ecopetrol y lo establecido en su código de buen gobierno, "la elección del presidente se hace atendiendo criterios de idoneidad, conocimiento, experiencia y liderazgo, pudiendo ser reelegido o removido en cualquier momento por la junta directiva".
Por su parte, el ex ministro de Minas y Energía, Ramiro Valencia, dice que en el caso del actual presidente de Ecopetrol hay un precedente que no se puede desconocer. "Fue el gerente General de ISA y cuatro o cinco ministros pasamos por la cartera de Minas y Energía y a ninguno se nos ocurrió cambiarlo en el cargo. Toda la estrategia que hoy está desarrollando esta compañía, incluyendo su internacionalización, se debió a esa continuidad", afirma. Por esa razón considera que no sería oportuno nombrar un nuevo presidente en la compañía.

El mercado
El mercado de valores también está atento a que en cualquier momento se presente una opción de cambio en la presidencia de Ecopetrol, tal y como lo permiten los estatutos de la compañía. Sin embargo, este es un tema que trasciende las barreras políticas y tendrá un efecto en el mercado de valores colombiano, donde la acción de la petrolera es la estrella y la que mueve el grueso de las negociaciones diarias.
"Dependiendo de las razones por las que se haga un cambio en la administración de Ecopetrol se presentará una repercusión en el comportamiento de la acción. Si quien queda a la cabeza de la compañía no es un administrador y un gestor de cambio, sino que se trata de una figura política, el mercado de valores tomará este asunto de manera negativa", dijo la analista de la firma Correval, Estefanía León.
La experta en acciones argumenta que Ecopetrol está en el proceso que Interconexión Eléctrica S.A. cruzó hace un par de años, que fue pasar de una compañía pública a ser una sociedad de economía mixta, donde prima el capital público pero también hay un componente de participación del capital privado. "Yo creo que sería un error cambiar al presidente de Ecopetrol cuando vemos que hasta el momento lo ha hecho muy bien", agregó la analista.

Ingerencia política, una historia que la empresa no debe repetir

La transformación de Ecopetrol como empresa por acciones, sin las ataduras que en materia presupuestal, contractual y de personal tenía antes, por ser una compañía ciento por ciento estatal, le permitió a la compañía definir una estrategia ambiciosa. El objetivo de la empresa es alcanzar una producción diaria al 2020 de 1,3 millones de barriles de petróleo.

Tal proyección no se hubiera logrado sin la autonomía administrativa que hoy caracteriza a la petrolera, una decisión acertada que no se puede echar para atrás, según coinciden los ex ministros Rudolf Hommes y Ramiro Valencia.
En ese contexto, el peso político en las riendas de las empresas estatales lo ha padecido el propio Carlos Rodado Noriega, quien fue presidente de Ecopetrol y sostuvo un intenso choque de poderes con el entonces ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela.
Criterios diferentes en la política petrolera y el guiño final del ex presidente Andrés Pastrana a los planteamientos del 'Chiqui' Valenzuela desencadenaron la renuncia de Rodado Noriega a la presidencia de Ecopetrol.
Esto, pese a que ambos funcionarios defendieron en su momento la visión de empresa que requería la petrolera, por encima de los criterios políticos que la hacían inviable en el mediano y largo plazo.
Rodado Noriega defendió la tesis de que Ecopetrol debía hacer grandes inversiones en exploración y desarrollo y, por lo mismo, su presupuesto no se debía reducir. Para Valenzuela, las multinacionales tenían la capacidad de hacer exploración sin la necesidad de que Ecopetrol interviniera.
Para la época, la empresa se caracterizaba por una compleja estructura administrativa y operacional que la hacía lenta. Esas dificultades ya son historia y a juicio de los ex ministros consultados, lo que debe primar en la compañía es el manejo de buen gobierno corporativo que la caracteriza y que ha dado resultados favorables.


Tomado Portafolio.com

DIAN fortalece recaudos

Los resultados en el recaudo de impuestos nacionales por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y su lucha contra el contrabando son positivos y demuestran la evolución en estas tareas fundamentales para el desarrollo social de los colombianos.


Las estadísticas muestran que en cuanto al recaudo bruto de impuestos, se pasó de $27,5 billones, en 2002 (39 billones a pesos de hoy), a $69 billones, en 2009, es decir 2,5 veces más este monto. El crecimiento real fue del 76 por ciento si se compara el recaudo de 2002 con el de 2009, pero a pesos de hoy. Y en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), se pasó del 11,8 al 13,9 por ciento. 

En lo corrido de 2010, la DIAN ha logrado el recaudo de $39 billones de pesos (Incluye información preliminar a julio de 2010). 

Por ejemplo, en este último año, el IVA y las retenciones en la fuente son los impuestos más dinamizadores de la actividad. 

En 2002 recaudaron por Impuesto al Valor Agregado (IVA), $7,9 billones, mientras que en 2009, fueron recaudados $19,4 billones. Tan sólo en el primer semestre de 2010, el recaudo de IVA supera los $10 billones.

En retenciones por impuesto de renta se pasó de $ 7,2 billones en 2002 a $ 17,1 billones, en 2009. En 2010, se han recaudado por este monto  $7,5 billones. En renta se pasó de $11 billones, en 2002, y con una tarifa del 38,5 por ciento (incluyendo una sobretasa del 10 por ciento de la tarifa vigente del 35 por ciento), a $30,6 billones, en 2009, con una tarifa del 33 por ciento.

De esta forma se pasó de una tasa de evasión en IVA, del 36 por ciento, en 2002, al 21 por ciento en 2009; y en renta, se pasó del 35 por ciento, en 2002, al 27 por ciento, en 2009.

Ahora, la evolución también llega a la implementación del modelo de gestión y electrónico Muisca, que ha permitido recibir una buena parte de los recaudos vía virtual. Desde su entrada en vigencia en febrero de 2009, el pago de impuestos vía Internet superó los $ 3 billones. Y la facturación electrónica, a hoy, llegó a los $17 billones.

Los impuestos externos también crecieron. Pasaron de $5,6 billones, en 2002, a $12,7 billones, en 2009. A pesar de la crisis internacional de 2009 y el comportamiento del comercio con Venezuela, este año los impuestos externos han llegado a $ 7,4 billones. También, la eficiencia en cuanto al comercio exterior queda demostrada, al pasar de 72 horas utilizadas en los trámites del sector, en 2002,  a  cinco horas, en 2009.

La evolución en materia de impuestos también es evidente en el aumento sostenido del universo de declarantes de impuestos. En 2002, 395 mil personas debían declarar, mientras que en 2009, lo hicieron 1.272.762 personas. En inscritos se pasó de 750 mil personas, en 2002, a 6.745.918 personas, en 2009.

La DIAN también creció en cuanto a atención de usuarios. En 2002, 27.546 ciudadanos fueron atendidos, mientras que en 2010, 2.272.587 personas lo lograron, a través de las direcciones seccionales, con más de 63 puntos de contacto en todo el país, en el chat y en el call center.

La lucha es frontal


Gracias a sus funciones y a la colaboración de la Policía Fiscal Aduanera, (Polfa), el salto importante en la lucha contra el contrabando de la DIAN es evidente desde 2002, pero se acentúa en 2008 y 2009.

En 2004, la lucha contra el contrabando arrojó aprehensiones de mercancías por $171.399 millones; en 2005, pasó a $241.175 millones; en 2006, a $299.046 millones; en 2007, a $279.547 millones; en 2008, pasó a $337.336 millones; y en 2009, cerró en $390.513 millones. En 2010, las aprehensiones durante el primer semestre van en $205.000 millones.


Tomado La Opinión.com