Para hacer que los grandes contingentes de personas y pequeñas empresas que actualmente no tributan, se integren al estatuto tributario, el Gobierno ha dado las primeras puntadas de lo que será la reforma tributaria de la administración del Presidente Santos, programada para ser presentada al Congreso en el primer semestre de 2011.
La evasión del impuesto a la renta , cerca del 27%, representa unos 11.6 billones de pesos al año, la evasión en IVA otros 8.3 billones y el contrabando se estima supera los 4 mil millones de dólares al año, admite el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta situación tiene preocupado al Gobierno y por el ello el ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dian buscan cerrar las puertas a "los elevados índices de informalidad, evasión y elusión tributaria", porque "son quizá las principales causas del "drenaje" de los recaudos tributarios".
En el documento revelado por el Gobierno y que será la carta de navegación de la administración Santos se contempla que "al Estado le corresponde crear las condiciones y procedimientos para que las empresas y personas que hoy operan en estas condiciones", comiencen a tributar.
Los informes sobre el nivel de tributación muestran que "cuando se relaciona la carga total de impuestos con el nivel de PIB (producto interno bruto) per capita, se observa, que el país se encuentra por debajo del nivel que le correspondería". Esto se explica porque a pesar de que las tarifas de impuesto a la renta son relativamente elevadas, las deducciones y exenciones hacen que la carga tributarias se haga más liviana.
Acciones contra la evasión
Las cargas tributarias deben ser coherentes con los ritmos de un proceso de consolidación territorial, dice el Gobierno. Para conseguir este propósito plantea una serie de acciones como "mejorar los procedimientos y bases de identificación de las actividades de las personas y empresas, a partir de acciones de consolidación de la información existente en las cuales reposan los registros administrativos de personas naturales y jurídicas y las informaciones patrimoniales de los diferentes registros nacionales".
Intensificar la vigilancia y control en los puertos y aeropuertos, con el fin de enfrentar el contrabando y la evasión.
Un cruce de cuentas entre la DIAN y las diferentes redes de información del sector financiero para determinar "los registros de las operaciones y transacciones económicas de las empresas y las personas naturales".
El Gobierno planea frenar los mecanismos que permiten el uso de efectivo y "mejorar los incentivos, costos y procedimientos para que las personas y empresas realicen sus actividades a través de las redes y canales de la economía formal".
Dice el estudio que "estas acciones estarían complementando las iniciativas presentadas por el Gobierno sobre promoción de la formalización y el empleo, y la agenda de bancarización y desarrollo de mecanismos virtuales de transacción como el dinero electrónico".
El Espectador.com
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