Los comerciantes y empresarios de Cúcuta celebraron la expedición del decreto 3148 del 23 de agosto de 2010, por el cual el Gobierno Nacional precisa los alcances de la exclusión del IVA para bienes que se venden en los 37 municipios de la zona fronteriza con Venezuela, como parte del plan de choque adoptado a finales de julio pasado por la entonces administración del Presidente Álvaro Uribe ante la difícil situación económica y social derivada de la crisis en las relaciones de los dos países.
El Consejo de Ministros del pasado lunes en Bogotá acordó que los proveedores de los comerciantes de las ciudades fronterizas tendrán que descontar de igual forma el gravamen en las transacciones durante los cuatro meses de vigencia del decreto que sobre el particular se expidió al amparo de la Emergencia Social.
La precisión se tomó debido a que comerciantes y empresarios expresaron su descontento con la medida que excluye el pago de IVA a algunos sectores productivos, al considerar que el gran peso cayó sobre el comercio que compra productos con ese impuesto y lo vende luego sin él, lo que les estaba generando pérdidas en renta y capital de trabajo.
Es así que los comerciantes de Cúcuta manifestaron que ya agotaron inventarios y aseguraron que algunos productos no están en el mercado porque al traerlos de otras regiones del país, tiene un costo de IVA que deben asumir los vendedores en detrimento de su flujo de caja.
Para el gerente de Peñalosa Corona, Juan Esteban Peñalosa, “el problema eran dos cosas. El decreto 2799, expedido el 3 de agosto, nos obligaba a vender sin facturar IVA, pero no aclaraba que nosotros pudiéramos comprar igualmente sin IVA. Eso significaba que estábamos comprando con un 16 por ciento de IVA pagado al proveedor y lo teníamos que descontar en la venta, convirtiéndose en un flujo de caja negativo simplemente por el hecho de hacer esa venta”.
Agregó que “por otro lado, el 16 por ciento pagado al proveedor representaba, en los cuatro meses de vigencia del decreto, más de 50 por ciento del capital de trabajo utilizado, es decir, un empresario que compra 100 millones de pesos a un proveedor el primer mes le pagaría 16 millones de pesos, el segundo mes otros 16 millones, y el tercero igual. Al cuarto mes habría pagado un total de 64 millones de pesos. Si el comerciante tuviera 100 millones de pesos de capital de trabajo pues quedaría únicamente con 36 millones de pesos, situación que es el gran problema la descapitalización de los empresarios de la región”.
De igual forma, Gonzalo Téllez, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta aseguró que lo importante del decreto del Gobierno es que “un empresario que está en la zona de frontera y compra a un industrial, por ejemplo de Medellín, artículos como alimentos, materiales de construcción, confecciones, ellos deben facturar sin el IVA como si fuera un proceso de exportación, por eso era fundamental autorizar a las empresas para que vendan a las ciudades de frontera sin facturar el IVA”.
Afectaba a los empresarios
Pedro Sayago, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, aseguró que la exclusión del IVA, adoptada por la emergencia social que afronta la zona, aplica para productos como calzado, confección, materiales para la construcción, electrodomésticos y productos de hogar. “Las empresas del interior del país estaban facturando el IVA en sus despachos y para el pequeño comerciante o empresario le quedaba muy difícil su devolución”, indicó.
La Opinión.com
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